La tarea de reorganizar y unificar los diferentes reinos se consiguen por los decretos de nueva planta llevados a cabo en Valencia, Aragón, Mallorca y Cataluña desde 1707 al 1716, en el que Felipe V y Fernando Vl implantaron la organización administrativa política de Castilla en el resto de territorios que perdieron su soberanía y se integraron en un modelo uniformador y centralista, más tarde se abolió las cortes de los reinos que se convirtieron en las Cortes de España que se reunían a petición del rey y para jurar al heredero.
Por encima de cualquier institución se situaba el monarca su labor era auxiliada por las secretarías equiparables a los actuales ministerios. En 1714 se formaron los de Estados, Asuntos Extranjeros, Justicia y Guerra y Marina. En 1754 se formó la de Hacienda. Los secretarios eran nombrados y destituidos por el rey y rendían cuentas ante él. Estas secretarías eran auxiliadas por funcionarios encargados de ejecutar las leyes y controlar la administración. Los Borbones también acabaron con los virreinatos y crearon demarcaciones provinciales gobernadas por capitanes generales con atribuciones militares, administrativas y jurídicas, además introdujeron el cargo de origen francés de los intendentes los cuales dependían del rey, gozaban de privilegios y se encargaban de la recaudación de impuestos y de la dinamización económica del país.
Otra novedad fue la reorganización de la Hacienda. Para el saneamiento de la economía era imprescindible que todos pagasen en relación a su riqueza, incluyendo a los privilegiados aprovechándose del derecho de conquista implantan el equivalente y la talla en Valencia, la única contribución en Aragón y el catastro en Cataluña, todas cuotas fijas. El catastro tuvo mucho éxito ya que recaudó más y el sistema se agilizó. Se intentó extender al resto de los territorios pero las fuertes resistencias de los privilegiados impidieron su aplicación.
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