sábado, 16 de abril de 2016

Comentario Histórico: Constitución de 1931

1-.Análisis del texto

Nos encontramos ante un texto escrito de contenido jurídico-político y de forma articulada, como es cualquier Constitución y que incluye una declaración de derechos y la estructura del Estado. Es una fuente primaria de la historia. El 14 de Abril se proclama la II República y la formación del Gobierno provisional, en Junio se hacen elecciones a cortes constituyentes que son las que poseen la autoría de este texto, y el 9 de Diciembre, en Madrid, se promulga esta constitución y las cortes constituyentes se convierten en cortes ordinarias. El destinatario de este documento es el pueblo español.

La idea principal del texto es el cambio de sistema político de monarquía hereditaria a república democrática.

Las ideas secundarias son que la República será una Democracia representativa, buscara la libertad y la justicia, habrá soberanía popular, estará formada por estados integrales y esta Constitución también declara la libertad de conciencia y asociación y la aconfesionalidad del Estado, así como que desaparece el Senado por lo que serán cortes unicamerales donde solo habrá el Congreso de los Diputados. Por último, declara el sufragio universal que dará pie a las primeras elecciones en las que voten las mujeres de la Historia del país.

2-.Definición de términos

República democrática- sistema político en el que el Jefe del Estado es un presidente elegido mediante sufragio, en este caso universal.

Región autónoma- Porción de territorio de un Estado no centralista con características históricas, culturales y económicas comunes a dicha localidad.


Sufragio universal-. Derecho de hombres y mujeres mayores de 18 años a elegir o ser elegidos mediante el voto para cualquier cargo político.
3-. Comentario histórico


Alfonso XIII como veía a Primo de Rivera una amenaza, le pidió que dimitiera, en su puesto entro el general Berenguer. Republicanos y PSOE firmaron el pacto de San Sebastián en el que se presentaba un programa para presentarse a las elecciones y formar un gobierno provisional para la futura República. Berenguer no consiguió convocar comicios y fue sustituido por Aznar, que convoco municipales, autonómicas y nacionales. Decidió empezar por las municipales y triunfo el republicanismo  en 41 de 50 capitales de provincia.

El 12 de abril de 1931 se celebraron elecciones municipales en España mediante sufragio universal masculino, con una participación muy alta. En Madrid, los firmantes del Pacto de San Sebastián constituyeron un gobierno provisional y se proclamó oficialmente la Segunda República española el 14 de abril de 1931. El gobierno provisional convocó inmediatamente elecciones a Cortes Constituyentes para el día 28 de junio que terminaron con la victoria de la coalición republicano socialista. A la vez este gobierno también tomo varias medidas de extrema urgencia.

Las nuevas Cortes comenzaron a elaborar la Constitución de 1931, la cual tenía un marcado carácter democrático y progresista y que establecía que todos los poderes emanan del pueblo. En la nueva Constitución el Estado se configuraba de forma 'integral', pero se aceptaban gobiernos autónomos y se estableció que el poder legislativo debía residir exclusivamente en las Cortes, que eran unicamerales, el poder ejecutivo en el gobierno  y el poder judicial en distintos jueces. Se reconocía además amplios derechos y libertades, como el derecho de voto a las mujeres, por primera vez. La Constitución no logró el consenso de todas las fuerzas: existían profundas discrepancias entre la izquierda y la derecha, sobre todo en lo referente a la cuestión religiosa y autonómica. Tras las reformas religiosas, Manuel Azaña sustituyó en la jefatura del gobierno de Niceto Alcalá, que pasó a ser presidente de la república.

Uno de los primeros objetivos de la República fue limitar la influencia de la Iglesia y secularizar la sociedad española. La jerarquía eclesiástica no dudo en manifestar su antagonismo a la República y movilizar a los católicos en su contra. El nuevo gobierno pretendía también reducir el número de efectivos militares. Se promulgó la Ley de Retiro de la Oficialidad, que daba a los generales la posibilidad de retirarse manteniendo íntegro su sueldo, más de la mitad aceptaron en menos de un año. Posteriormente se creó la Guardia de Asalto, fiel a la República. El proyecto de mayor envergadura fue poner fin al latifundismo y mejorar las condiciones de vida de los campesinos. Unos primeros decretos fijaron la jornada laboral de ocho horas y los salarios mínimos y obligaron a los propietarios a cultivar todas sus tierras. La verdadera reforma era la Ley de Reforma Agraria, cuyo objetivo era la modernización de la agricultura mediante la expropiación sin indemnización de las tierras. Además, Cataluña y el País Vasco lograron sus estatutos de autonomía, debido a que la Constitución ofreció un marco legal a estos. En la cuestión educativa, se pretendió promover una educación liberal, laica, aumentando los presupuestos escolares, creando más escuelas e impulsando campañas culturales como La Barraca de Federico García Lorca. Largo Caballero consiguió que se aprobaran varias leyes para mejorar las condiciones laborales  aunque las organizaciones patronales lograron frenar algunos proyectos.

En las elecciones de 1933 la izquierda española se llevó la victoria, iniciando lo que se conoce como el Bienio Conservador. El nuevo gobierno, presidido por Alejandro Lerroux, frenó buena parte del proyecto reformista anterior, comenzando por la reforma agraria. La Generalitat de Cataluña promulgó la Ley de Contratos de Cultivo, que permitía a los campesinos acceder a las tierras, pero los propietarios catalanes, con el apoyo de la mayoría conservadora de las Cortes, lograron determinar su inconstitucionalidad y anularla, pero la Generalitat no aceptó la anulación y aprobó una ley idéntica. El nuevo gobierno también se enemistó con los nacionalistas vascos, al paralizar el estatuto vaso, y declaro una amnistía para los sublevados de Sanjurjo y los militares colaboradores de Primo de Rivera. La CEDA se radicalizó y exigió una mayor participación en el gobierno, a lo que Lerroux acabó cediendo. Esta entrada de la CEDA en el gobierno fue interpretada por la izquierda como una deriva al fascismo y las huelgas y manifestaciones proliferaron.  En Asturias, mineros armados ocuparon pueblos, por lo que el Gobierno envió a  la Legión de Franco y la resistencia fue derrotada. Por otro lado, en Cataluña, para evitar la entrada de la CEDA en el gobierno, se proclamó en octubre la República catalana, pero, nuevamente, la rebelión fue sofocada militarmente. Una fuerte crisis estalló en 1935, el Partido Radical se vio afectado por una serie de escándalos de corrupción y se hizo imprescindible un relevo en el poder, así que Alcalá Zamora decidió convocar nuevas elecciones para febrero de 1936.


         Para presentarse a las elecciones, los partidos de izquierda se agruparon en el Frente Popular y los de derechas en el Bloque Nacional. La nueva coalición se hizo ganadora y Manuel Azaña fue nombrado presidente de la República y Casares Quiroga recibió la Jefatura del Gobierno. Se decretó una amnistía, se obligó a las empresas a readmitir a los obreros despedidos durante las revueltas de 1934 y se reanudó el proceso reformista. La nueva situación fue recibida por las derechas con absoluto rechazo. Falange Española fomentó un clima de enfrentamiento civil y  crispación civil. La misma noche de las elecciones Franco intento declarar el Estado de guerra. La conspiración tuvo escasa fuerza y mala organización hasta que se puso al frente el general Mola, que pretendía un pronunciamiento militar simultaneo en todas partes. El Gobierno traslado a Franco a Canarias y a Mola a Navarra pero no se atrevió a despedirlos. Tras la muerte de José Calvo Sotelo se adelantaron los planes golpistas  y la sublevación se inicio el 17 de junio en Marruecos.

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